Ejecuciones Extrajudiciales
Ante el estallido de manifestaciones pacíficas masivas en abril de 2018, la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno respondieron con violencia para suprimirlas. Agentes de la Policía e integrantes de grupos armados pro-gobierno, actuando de manera conjunta y coordinada, cometieron ejecuciones extrajudiciales durante la represión de las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018.
El GHREN investigó 40 muertes en el contexto de protestas, y concluyó que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales. A fin de corroborar los patrones identificados en los casos investigados, examinó otras 75 muertes en el contexto de las protestas de 2018. El GHREN tiene motivos razonables para creer que los casos investigados son representativos de patrones más amplios de conducta, que se replicaron de manera sistemática y generalizada durante varios meses y prácticamente en todo el territorio nacional.
El Gobierno de Nicaragua reconoce oficialmente 198 muertes en el contexto de las protestas. Sin embargo, atribuye la responsabilidad de éstas a las personas que participaron en las protestas, que califica como un “intento golpista”. Ante la falta de datos oficiales confiables, los organismos de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil desarrollaron sus propios registros de personas fallecidas y heridas:
| Fuente | Período | Fallecidos | Civiles Fallecidos | Policías Fallecidos |
|---|---|---|---|---|
| Gobierno de Nicaragua1 | 19/4 – 13/9 de 2018 | 198 | 176 | 22 |
| GIEI Nicaragua2 | 18/4 – 30/5 de 2018 | 109 | 106 | 3 |
| CIDH3 | 18/4 – 1/10 de 2018 | 350 | 332 | 23 |
| Comisión de la Verdad, Justicia y Paz (CVJP)4 | 18/4 de 2018 – 15/7 de 2019 | 251 | 229 | 22 |
| CEJIL5 | 18/4 – 1/10 de 2018 | 342 | 319 | 23 |
1 Informe del Estado de Nicaragua Respecto a la Comunicación Conjunta de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (26 de noviembre de 2018).
2 GIEI Nicaragua, Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, p.178.
3 Base de datos del MESENI compartida por la CIDH con el GHREN.
4 CVJP, Cuarto Informe Preliminar, Anexo II.
5 Registro facilitado por CEJIL al GHREN.
1 – Perfiles de las víctimas
La mayoría de las personas fallecidas en el contexto de las protestas de 2018, incluyendo en marchas y manifestaciones, tomas de espacios públicos como instalaciones universitarias, y “tranques” y barricadas, fueron personas manifestantes. También fallecieron personas que se encontraban en las inmediaciones de las protestas, simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y/o integrantes de grupos armados pro-gobierno, y 22 agentes de la Policía Nacional. Los hombres jóvenes representaron el mayor porcentaje de muertos y heridos graves. Se reportaron 15 ó 16 muertes de mujeres (dependiendo de la fuente); sin embargo, existe poca información respecto a las circunstancias de éstas.
De 115 muertes analizadas, el GHREN pudo establecer que 77 corresponden a manifestantes, 24 a personas que se encontraban en las inmediaciones lugares de protesta, cuatro policías, dos personas proporcionaban apoyo humanitario a los manifestantes, y una era periodista; en seis casos no fue posible establecer el perfil de la víctima.
2 – Patrones de violaciones
a) Uso de armas letales
El Grupo constató el uso consistente de armas de fuego por la Policía y grupos armados pro-gobierno para reprimir las protestas desde el 19 de abril de 2018, incluyendo armas cortas, escopetas, fusiles de asalto, fusiles de francotirador, y ametralladoras. Múltiples y creíbles fuentes refirieron la presencia de sujetos armados en tejados de casas y edificios, que identificaron como “francotiradores”. Este posicionamiento denota la intención de emplear tácticas de combate y producir la muerte de manifestantes, en lugar de utilizar técnicas de control de multitudes u otras tácticas apropiadas para desescalar situaciones.
Los registros elaborados por diversas fuentes evidencian un elevado número de muertes por arma de fuego. Se estima que entre un 70 y un 80 por ciento de las muertes se produjeron por impactos de proyectil de arma de fuego, y la mayoría de ellas por impactos en zonas vitales. Los casos investigados por el GHREN confirman estos patrones: de 40 casos investigados a profundidad, 39 víctimas fallecieron como resultado de heridas de arma de fuego, presentando todas ellas impactos en zonas vitales.
b) Coordinación entre Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno
El análisis realizado por el GHREN de 40 ejecuciones extrajudiciales permitió identificar que en la mayoría de los casos, agentes de Policía e integrantes de grupos pro-gobierno actuaron de manera conjunta y coordinada. En cuatro casos no hay elementos que apunten a la participación directa de elementos de la Policía; sin embargo, los grupos armados pro-gobierno actuaron con total impunidad.
El Gobierno ha negado el uso arbitrario de la fuerza por la Policía, así como la existencia de grupos armados pro-gobierno. Las más altas autoridades del Gobierno justificaron la actuación de personas armadas no uniformadas, identificándolas como “policías voluntarios” Sin embargo, conforme a la Ley Orgánica de la Policía, los policías voluntarios solo pueden realizar tareas de apoyo a la Policía en labores de prevención, deben estar debidamente uniformados, y no están facultados para utilizar armas de fuego.9
Numerosas fuentes, inclusive testimonios de antiguos integrantes de grupos armados pro-gobierno, señalaron que los mismos fueron integrados por simpatizantes del FSLN, incluyendo Juventudes Sandinistas, trabajadores de instituciones públicas, exmilitares, y miembros de pandillas, y que fueron reclutados y coordinados por personas de confianza de las altas autoridades del Gobierno.
La mayoría de las personas que participaron en las manifestaciones lo hicieron de manera pacífica. Sin embargo, la represión por la Policía y grupos armados pro-gobierno causó enfrentamientos con las personas manifestantes. Aunque el movimiento de protesta continuó siendo predominantemente pacífico, algunas personas manifestantes cometieron actos de violencia como lanzar piedras, y utilizar dispositivos de morteros de fabricación casera, y en algunos casos, armas de fuego, para repeler los ataques de la Policía y grupos armados pro-gobierno. En algunos casos se desarrollaron prácticas delictivas en el contexto de tranques, como el cobro indebido de peajes, robo e incluso secuestro.
Dichos actos no justifican el actuar de la Policía que, de manera sistemática y conjuntamente con grupos armados no autorizados para el uso de la fuerza, disparó contra manifestantes. El GHREN concluyó, en todos los casos investigados, que la Policía y/o grupos armados pro-gobierno cometieron ejecuciones extrajudiciales. El Grupo no recibió información sobre ningún incidente en el que sea posible afirmar que la muerte fue resultado del uso proporcional o legal de la fuerza por la Policía.
Desde mediados de junio se constató un elevado nivel de organización, coordinación y capacidad represiva en las acciones de la Policía y grupos pro-gobierno, que se concretó en una serie de operativos conjuntos conocidos popularmente como la “Operación Limpieza”. Éstos fueron realizados en distintos departamentos del país con el objetivo de desarmar los tranques y barricadas, y se caracterizaron por el empleo de recursos materiales, logísticos y armamentísticos sustanciales, y de tácticas altamente especializadas y predominantemente violentas.
La mayoría de los ataques a tranques y barricadas se produjeron de madrugada o durante la noche y, en algunos casos, fueron precedidos por cortes de electricidad y servicios de telefonía. Esto obstaculizó la capacidad de reacción y comunicación de las personas manifestantes, así como la toma de evidencia fotográfica y videográfica. Los operativos realizados en Carazo el 8 de julio; en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la adyacente Igesia de la Divina Misericordia en Managua el 13 de julio; en Masaya el 17 de julio; y en Jinotega el 23 de julio, fueron particularmente violentos.
Después de estos operativos violentos, que estuvieron acompañados de detenciones masivas, los actos de protesta social se redujeron de manera significativa. La última marcha multitudinaria se llevó a cabo el 23 de septiembre; el 28 de septiembre la Policía declaró las manifestaciones públicas ilegales.
c) Denegación de asistencia médica
El GHREN tiene motivos razonables para creer que siguiendo órdenes de la Ministra de Salud, se dio la instrucción a las directivas de centros de salud y hospitales de todo el país de denegar el ingreso y la atención médica a manifestantes y reportar a la Policía las personas que llegaran a los centros de salud.
Las personas heridas y sus familias sufrieron discriminación en los centros médicos, y algunas fueron objeto de malas prácticas médicas intencionales, incluyendo denegación de asistencia y falta de atención especializada y de tratamiento acorde a la gravedad de las heridas que presentaban. Las y los profesionales de la salud que desafiaron la instrucción sufrieron represalias, incluyendo detenciones, amenazas, acoso y despido.
d) Impunidad y obstaculización del acceso a la justicia
El GHREN solicitó información al Gobierno sobre el curso de las investigaciones de los asesinatos cometidos por policías e integrantes de grupos armados pro-gobierno pero, a la fecha de redacción del presente informe, no había recibido respuesta. El Grupo no tiene conocimiento de ninguna condena a policías o integrantes de grupos pro-gobierno por las violaciones y abusos cometidos. Al contrario, varios altos cargos presuntamente involucrados en la represión fueron ascendidos.
Las autoridades obstruyeron el esclarecimiento de las circunstancias de las muertes en casos de ejecuciones extrajudiciales. Personal médico y policial exigió a familiares de víctimas que firmasen “actas de desistimiento”, renunciando a denunciar los hechos y solicitar una autopsia, para poder retirar el cuerpo de su familiar o para obtener un certificado de defunción. Las autoridades también intentaron manipular certificados de defunción para ocultar que la causa de la muerta fue por impacto de proyectil de arma de fuego.
Adicionalmente, en varios casos documentados, el Ministerio Público se negó a recibir las denuncias referentes a muertes de manifestantes. En los casos en que registró la denuncia, la Fiscalía no llevó a cabo las diligencias necesarias para impulsar la investigación. En varios casos, horas después de los ataques armados, civiles procedieron a limpiar las calles de casquillos, sangre y otros elementos de prueba.
Finalmente, la adopción de la Ley de Amnistía el 8 de junio 2019 supuso la clausura de todas las investigaciones de las muertes durante las protestas, garantizando la impunidad de policías e integrantes de grupos pro-gobierno presuntamente involucrados en asesinatos, detenciones ilegales y tortura.