Evolución de la Situación de los Derechos Humanos
1 – Persecución generalizada
Desde la presentación del primer informe del Grupo, las autoridades han seguido cometiendo graves violaciones de los derechos humanos para asegurar el control total del Gobierno sobre cualquier espacio cívico en Nicaragua. Basándose en los resultados que hasta ahora habían obtenido sus esfuerzos por erradicar cualquier oposición y crítica, el Gobierno ha adaptado y ampliado la persecución y las formas de represión, silenciando cualquier forma -incluso remota- de crítica, señalando a un grupo cada vez mayor de personas y obligando a cada vez más nicaragüenses a abandonar su país, intimidando a los que se han ido y privándoles de sus derechos humanos fundamentales.
La persecución de opositores reales o percibidos que permanecen en Nicaragua ha continuado en forma de acoso incesante, amenazas, vigilancia y detenciones arbitrarias, provocando que las víctimas y sus familiares vivan en constante temor. En algunos casos, como el de la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia, las autoridades han llegado a privar a las voces disidentes de su identidad legal y de sus medios de vida. Muchas personas se han visto obligadas a abandonar el país por temor fundado a la represión. Algunos fueron expulsados por las autoridades.
Las autoridades también han extendido la persecución a los nicaragüenses que se encuentran en el extranjero, prohibiéndoles la entrada en el país, privándoles de su nacionalidad e identidad legal, negándoles el acceso a documentación oficial y apoyo consular, impidiendo la reunificación familiar, especialmente con niños, y privándoles de sus derechos de pensión y de los bienes que dejaron en Nicaragua. Las autoridades también han recurrido, en ocasiones, a violar los derechos humanos de los familiares que permanecían en el país para intimidar y/o castigar a los que se habían marchado.
Un caso que ilustra el alcance y la intensidad de la persecución actual es el de la propietaria de la franquicia «Miss Nicaragua» y su familia . Tras las manifestaciones callejeras espontáneas en Nicaragua que celebraron la victoria de la candidata nicaragüense en el concurso «Miss Universo» 2023, y durante las cuales ondearon banderas nacionales azules y blancas, a la propietaria de la franquicia y a su hija se les denegó la reentrada en su país. Desde las protestas masivas de abril de 2018, la bandera nacional se había convertido en un símbolo de oposición al Gobierno. El marido y el hijo de la propietaria de la franquicia fueron detenidos arbitrariamente y recluidos en régimen de incomunicación. En un comunicado público, la policía la «acusó» a ella, a su marido y a su hijo de traición, delincuencia organizada, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros. El 7 de enero de 2024, tras varias semanas detenidos, su esposo y su hijo fueron expulsados de Nicaragua.
2 – Centralización total de los poderes del Estado en manos del Presidente y del Vicepresidente.
El contexto de persecución generalizada fue acompañado de una mayor consolidación de la concentración y centralización de todos los poderes del Estado en manos del Presidente y el Vicepresidente. Esto ha llevado, en particular, al control total del poder judicial. En octubre de 2023, el presidente del Tribunal Supremo fue destituido y puesto bajo arresto domiciliario de facto, al parecer por orden del vicepresidente. También fueron destituidos el administrador general del Tribunal Supremo ya varios jueces. El vicepresidente del Tribunal Supremo, que también era el secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el Tribunal, pasó a ser presidente en funciones. En febrero de 2024, habría sido destituido de sus funciones por el ejecutivo. Esto ocurrió en un contexto en el que, desde 2018, más del diez por ciento del personal del Poder Judicial había sido despedido.
Según varias fuentes, las destituciones y ceses en el Poder Judicial tenían como objetivo acabar con quienes no eran considerados del todo leales al Gobierno y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, y agrupar el control en manos de unos pocos funcionarios que gozaban de la plena confianza de la Presidencia. Estas acciones también buscaban intimidar al resto del Poder Judicial.
La toma de facto del poder judicial por el ejecutivo también demuestra la estrategia del Presidente y el Vicepresidente para asegurar el control total a cualquier precio. No sólo viola flagrantemente el principio de independencia del poder judicial, sino que además socava aún más las condiciones necesarias para la celebración de juicios imparciales y el acceso a la justicia, afectando así a toda la población.
3 – Impunidad total
La centralización de todos los poderes del Estado en manos del Presidente y el Vicepresidente garantiza aún más la total impunidad. En su primer informe, el Grupo llegó a la conclusión de que las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los crímenes identificados por el Grupo se habían producido con total impunidad. Esto ha continuado y se ha consolidado aún más a través del control sobre el poder judicial. La instrumentalización de todos los poderes del Estado, especialmente del poder judicial, ha impedido que se inicien procedimientos contra los autores o los ha protegido de la rendición de cuentas mediante la aplicación de una ley de amnistía aprobada en junio de 2019.
La impunidad total se extiende incluso de facto a casos presentados ante jurisdicciones extranjeras en base a la nacionalidad extranjera de la víctima, como la ejecución extrajudicial de la estudiante brasileña Raynéia Lima en 2018. Según la información proporcionada por el Ministerio Público brasileño a los abogados de la madre de Lima en mayo de 2023, el Gobierno de Nicaragua se había negado a acceder a la solicitud de asistencia jurídica internacional de las autoridades brasileñas para acceder al expediente de una persona condenada por el asesinato de Lima, afirmando que el condenado había sido amnistiado posteriormente.
La Ley de Amnistía garantiza la impunidad de las violaciones y abusos graves contra los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros malos tratos, relacionados con todos los hechos ocurridos hasta la entrada en vigor de la ley. La ley acabó con los escasos intentos de obtener verdad y justicia, dejando a las víctimas y a sus familiares sin ningún recurso efectivo en el país. El Grupo señala que una amnistía que excluye el enjuiciamiento de actos de tortura es incompatible con las obligaciones de Nicaragua en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes . Una amnistía que exima de castigo otras violaciones graves de derechos humanos también es, en general, incompatible con las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.