Perfiles de víctimas objetivo desde abril de 2018
Lo anterior corresponde a los elementos que constituyen el marco de la prohibición internacional y del tipo internacional penal de crímenes de lesa humanidad. Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, se encuentran: el asesinato, la encarcelación, la tortura, la deportación forzosa, y las violaciones y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable. El GHREN tiene motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en el marco de una política discriminatoria, instrumentada de manera intencional desde las más altas esferas del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra parte de la población de Nicaragua, por motivos políticos, constituyendo prima facie, el crimen de lesa humanidad de persecución.
1. Estudiantes universitarios, profesores y personal universitario
En su primer informe, el Grupo señaló que el movimiento estudiantil había desempeñado un papel crucial en las protestas de 2018 y que el Gobierno lo consideraba una amenaza. Los estudiantes sufrieron violaciones y abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, la integridad personal, la reunión pacífica y la libertad de expresión y asociación.
El impulso del movimiento estudiantil se hizo particularmente evidente cuando se unieron a una mesa redonda instalada por la Comisión de Mediación y Testigos del diálogo nacional, liderada bajo los auspicios de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en mayo de 2018.[1] Para el presente informe, el Grupo profundizó su investigación sobre las violaciones y abusos a los derechos humanos contra estudiantes universitarios, docentes y autoridades académicas, y el asalto a la autonomía universitaria en su conjunto, que fueron determinantes en el desmantelamiento de la universidad como espacio de voces estudiantiles y académicas críticas organizadas.
Muchos estudiantes, especialmente muchos dirigentes, han sido detenidos arbitrariamente y procesados sobre la base de cargos falsos o inventados y sin las debidas garantías procesales. Varios de ellos también fueron sometidos a actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Siete dirigentes estudiantiles formaban parte del grupo de 222 víctimas expulsadas arbitrariamente del país y privadas de su nacionalidad en febrero de 2023. Dos de ellos habían participado en los diálogos nacionales de 2018 y 2019.
Muchos estudiantes han sido expulsados arbitrariamente de sus universidades, debido no sólo a las autoridades sino también a grupos no estatales alineados con el Gobierno, como la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Han sufrido hostigamientos y amenazas por parte de autoridades y grupos no estatales alineados con el Gobierno y se les ha negado el acceso a sus expedientes académicos y certificaciones, lo que les ha impedido continuar sus estudios.
Las acciones represivas del Gobierno también afectaron al profesorado y al personal académico que apoyaron a los estudiantes durante la manifestación o fueron considerados opositores al Gobierno. Cientos de profesores universitarios fueron despedidos entre mayo de 2018 y diciembre de 2023, sin el debido proceso y sin posibilidad de recurrir la decisión y/o recibir indemnización. Varios profesores universitarios fueron detenidos arbitrariamente. Muchos se vieron obligados a huir del país teniendo motivos fundados para temer una detención arbitraria. A otros se les impidió regresar.
En diciembre de 2021, la Asamblea Nacional comenzó a cancelar la personalidad jurídica de las universidades. A finales de 2022, esta tarea fue asumida por el Ministerio del Interior, antiguo Ministerio de Gobernación. Se cancelaron 38 instituciones de enseñanza superior, lo que supuso el cierre de casi todas las universidades privadas. Las cancelaciones se produjeron como elemento de la estrategia global de las autoridades para destruir el espacio cívico mediante la cancelación de la personalidad jurídica de más de 3.000 entidades legales del sector sin ánimo de lucro y partidos políticos, y el cierre forzoso de más de 40 medios de comunicación.[2]
Un ejemplo de ello es el cierre de la universidad jesuita Universidad Centroamericana en agosto de 2023 tras una orden judicial que declaraba que los directores de la universidad habían «socavado continuamente la independencia, la paz, la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo nicaragüense al incitar a la desestabilización del país». El tribunal ordenó la confiscación de todos los bienes y cuentas bancarias de la Universidad. El Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de la Universidad. Se congelaron las cuentas bancarias personales de los directores de la Universidad y de la propia Universidad. Tres líderes estudiantiles «condenadas» por protestar contra el cierre de la Universidad permanecen detenidas arbitrariamente. Los directivos de la Universidad y varios miembros del profesorado huyeron de Nicaragua con motivos fundados para temer una detención arbitraria. Los que se quedaron han sufrido discriminación en la búsqueda de un nuevo empleo.
El cierre de la Universidad Centroamericana afectó a más de 5.000 estudiantes que vieron interrumpidos sus estudios de forma abrupta y arbitraria. Muchos no encontraron alternativa para continuar sus estudios superiores ya que se les negó la inscripción en otras universidades por su vinculación con la Universidad. En diciembre de 2023 comenzó a funcionar una nueva universidad estatal, la Universidad Nacional Casimiro Sotelo . La nueva universidad se creó con los bienes confiscados a la Universidad Centroamericana. El Grupo confirmó que a muchos estudiantes se les volvió a denegar la matrícula por su asociación con la Universidad Centroamericana, por ser familiares de opositores reales o percibidos del Gobierno o por ser considerados ellos mismos opositores.
En total, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2023, los derechos a la educación de unos 37.000 estudiantes se habían visto afectados por las cancelaciones.[3] En 2023 se crearon cinco nuevas universidades estatales con el patrimonio de varias de las universidades cuya personalidad jurídica había sido cancelada.
Además de la estrategia de cancelación, en 2022, la Asamblea Nacional socavó aún más la autonomía universitaria y la libertad académica al eliminar el Consejo Nacional de Rectores, que había estado a cargo de las políticas públicas sobre educación superior. En su lugar, el Consejo Nacional de Universidades, cuyos directores eran todos afines al Gobierno y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, asumió el control del subsistema de educación superior. Para consolidar aún más este control, en 2023, la Asamblea Nacional decidió que el Presidente de la República nombraría, a partir de entonces, a los directores del Consejo Nacional de Universidades.
El Grupo ha confirmado que el desmantelamiento de la autonomía universitaria, junto con la cancelación de la estrategia de universidades y las violaciones de los derechos humanos contra dirigentes estudiantiles, profesores y personal universitario documentadas hasta la fecha, ha dado lugar a un sector universitario que ya no cuenta con instituciones autónomas. El Gobierno ha logrado suprimir a largo plazo cualquier voz crítica estudiantil y académica organizada en Nicaragua, afectando el derecho a la educación de miles de estudiantes.
2. Indígenas y afrodescendientes
Líderes, activistas y defensores indígenas y afrodescendientes, así como organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos indígenas y afrodescendientes, han sido y continúan siendo objeto de represión por parte del Gobierno. En abril de 2018, el partido político indígena YATAMA y miembros de la sociedad civil comenzaron a convocar protestas en las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe. Las demandas de los manifestantes se centraban en reivindicaciones de larga data relacionadas con sus derechos territoriales y de autogobierno. Las protestas estallaron de nuevo tras las denuncias de fraude en las elecciones regionales de 2019 y en las municipales de 2022. Todas las protestas fueron reprimidas sistemáticamente por las fuerzas de seguridad y partidarios del gobierno.
El Grupo constató que los actos de violencia dirigidos contra personas indígenas y afrodescendientes habían aumentado significativamente a partir de 2018. Las autoridades estatales tomaron especialmente como blanco a líderes y activistas con poder de convocatoria y/o que eran particularmente vocales en sus críticas contra el Gobierno y/o en su defensa de los derechos territoriales y ambientales. Los actos de represión incluyeron acoso, amenazas, criminalización, detención arbitraria, confiscación de bienes y prohibición de entrar en el país. Como consecuencia, muchos líderes y activistas se han visto obligados a esconderse y/o huir del país, como la líder mayangna ulwa Haidey Merly Bautista Salazar y el precandidato presidencial y líder kriol afrodescendiente George Henríquez Cayasso. A algunos se les negó la reentrada en el país, como al miembro del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Anexa Alfred Cunningham.
Desde marzo de 2022, las autoridades también han cancelado la personalidad jurídica de más de un centenar de organizaciones indígenas y afrodescendientes y de derechos humanos y desarrollo. Un blanco particular ha sido el partido YATAMA, desde que abandonó, en el contexto del proceso electoral presidencial de 2021, una alianza de años con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Al líder del partido y diputado de la Asamblea Nacional, Brooklyn Rivera Bryan, se le negó la reentrada en su país en abril de 2023. Regresó clandestinamente y fue detenido el 29 de septiembre de 2023. Desde entonces, las autoridades no han facilitado ninguna información sobre su suerte y paradero. Pocos días después de su detención, la policía detuvo a la diputada suplente de YATAMA Nancy Elizabeth Henríquez James. Tras diez días sin información sobre su paradero, fue condenada a ocho años de prisión por difundir noticias falsas y atentar contra la integridad nacional. El Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica de YATAMA el 3 de octubre de 2023, antes de las elecciones regionales previstas para el 3 de marzo de 2024.
El Grupo constató que la represión está inextricablemente relacionada con los esfuerzos encaminados a consolidar y ampliar el control político y económico del Gobierno sobre las regiones autónomas. El Frente Sandinista de Liberación Nacional se ha esforzado por penetrar en las estructuras de autogobierno, ya sea por cooptación o por coacción, imponiendo autoridades comunitarias y territoriales simpatizantes del partido. Dominar las estructuras de autogobierno también es fundamental para mantener el control económico sobre el territorio y los recursos de las Regiones Autónomas, en línea con actividades económicas estratégicas como la minería del oro y la ganadería.
La represión liderada por el Estado contra líderes y organizaciones indígenas y afrodescendientes se ha llevado a cabo en un contexto de violencia generalizada de colonos armados cuya presencia en las Regiones Autónomas ha ido en continuo aumento, invadiendo tierras comunales. El Grupo estableció que, desde 2018, los asaltos violentos de colonos habían causado la muerte de 46 personas -33 por arma de fuego-, principalmente en el territorio Mayangna Sauni As, ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. En algunos casos, los cadáveres recuperados presentaban signos de tortura y mutilación. Mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual, se quemaron casas y se desplazó a personas por la fuerza.
El Grupo determinó que las autoridades estatales no sólo no habían aplicado medidas eficaces de prevención para proteger la vida y la integridad de los miembros de las comunidades, sino que tampoco habían llevado a cabo investigaciones prontas, imparciales y eficaces. En lugar de ello, las autoridades han negado públicamente la responsabilidad de los colonos en los crímenes identificados, e incluso han procesado a miembros de las comunidades afectadas por algunos de los crímenes, imponiéndoles duras penas.
El Grupo ha constatado que las violaciones documentadas hasta el momento contra miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes han acercado a las autoridades a su objetivo de eliminar el obstáculo de las voces críticas organizadas entre estos pueblos. El Grupo ha recopilado información que apunta a que el Gobierno está instrumentalizando a los colonos para reconfigurar y asegurar el control sobre las tierras comunales y su explotación. Sin embargo, dada la complejidad de los hechos y las limitaciones de tiempo, el Grupo no ha podido investigar más a fondo los hechos y las pruebas que los sustentan. En la medida de los recursos disponibles, el Grupo seguirá investigando este asunto.
3. Miembros de la Iglesia Católica Romana y otras confesiones cristianas
Desde abril de 2018, la Iglesia católica ha sido cada vez más reprimida.[4] Las autoridades comenzaron a calificar a los sacerdotes de «golpistas», «terroristas» o «agentes del mal», en respuesta a las críticas a la situación de los derechos humanos expresadas por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y la Arquidiócesis de Managua, y por algunos sacerdotes en sus sermones. Durante las protestas masivas se detuvo a sacerdotes católicos. Sus detenciones fueron breves y su objetivo era restar apoyo a las protestas.
A partir de agosto de 2022, miembros del clero han sido detenidos durante períodos más largos y condenados por delitos políticos como conspiración y difusión de noticias falsas. A partir de 2023, y acompañados de un discurso de odio constante y de campañas de difamación que incitaban a la violencia y a la discriminación contra la Iglesia católica dirigidas por el Presidente y el Vicepresidente, y difundidas a través de medios de comunicación progubernamentales, el Grupo documentó dos casos de detenciones masivas, uno en octubre de 2023 y otro en diciembre de 2023-enero de 2024. Un total de 24 sacerdotes y seminaristas fueron detenidos y expulsados al Vaticano a los pocos días de su detención, sin que se presentaran cargos formales contra ellos ni hubieran sido condenados por delito alguno. El paradero de muchos de ellos fue desconocido desde el momento de su detención hasta su expulsión.
El Grupo constató que, entre febrero de 2023 y enero de 2024, decenas de sacerdotes, frailes y seminaristas católicos nicaragüenses fueron expulsados del territorio o se les negó la entrada en él y fueron privados arbitrariamente de su nacionalidad. Un obispo nicaragüense, al que se prohibió salir del país y vio cómo se le confiscaba el pasaporte en 2021, fue expulsado en 2024. Además, decenas de clérigos se han visto obligados a abandonar el país por el acoso, las amenazas de muerte y las agresiones sufridas, o por tener motivos fundados para temer una detención arbitraria. Decenas de clérigos y monjas extranjeros que residían legalmente en el país fueron expulsados arbitrariamente, ya que las autoridades se negaron a renovar sus permisos de residencia o cancelaron la condición jurídica de sus organizaciones.
Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, había permanecido bajo arresto domiciliario desde su detención arbitraria el 19 de agosto de 2022. El 10 de febrero de 2023, tras su negativa a ser expulsado a Estados Unidos, Monseñor Álvarez fue condenado a más de 26 años de prisión por traición a la patria, atentado contra la integridad nacional y difusión de noticias falsas. También fue privado arbitrariamente de su nacionalidad, lo que le dejó en situación de apátrida in situ.[5] Monseñor Álvarez fue trasladado al centro de detención La Modelo, donde fue incomunicado en una celda de castigo de la sección conocida como El Infiernillo. Durante los 43 días siguientes no se comunicó a su familia ninguna información sobre sus condiciones de detención. Álvarez fue expulsado arbitrariamente al Vaticano el 13 de enero de 2024, junto con otros 18 clérigos.
Las acciones represivas de las autoridades contra la Iglesia católica se han dirigido también contra empleados laicos, colaboradores y fieles. El 18 de agosto de 2023, el periodista Víctor Ticay fue condenado a ocho años de cárcel por haber retransmitido una procesión religiosa. En diciembre de 2023, varios antiguos empleados de Cáritas-Estelí, anteriormente clausurada por las autoridades, fueron condenados a seis años de prisión por blanqueo de dinero. A partir de junio de 2023, las autoridades prohibieron de facto las procesiones católicas. Las celebraciones patronales fueron prohibidas o instrumentalizadas por el Gobierno. También se han prohibido las misas celebradas fuera de las iglesias, como fue el caso de la misa del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre de 2023.
La represión gubernamental también se ha dirigido contra líderes de otras confesiones cristianas. El Grupo ha documentado el hostigamiento, las agresiones físicas y verbales y la criminalización de varios pastores evangélicos. El pastor Wilber Alberto Pérez, que participaba en una campaña denominada «Navidad sin presos políticos», fue condenado a 12 años de prisión por presunto tráfico de drogas. Fue expulsado del país y privado arbitrariamente de su nacionalidad en febrero de 2023. Once pastores de la organización evangélica «Mountain Gateway» fueron detenidos en diciembre de 2023 por presunto blanqueo de dinero y permanecen recluidos. También se ha prohibido a algunas iglesias evangélicas celebrar actos públicos.
El Grupo continuó documentando la cancelación de organizaciones religiosas, entidades y medios de comunicación . Christian Solidarity Worldwide informó de que al menos 71 organizaciones vinculadas a la Iglesia católica y a iglesias evangélicas habían sido canceladas y sus propiedades e instalaciones confiscadas en 2023. Entre ellas se encontraban organizaciones con raíces de larga data en el país, como Cáritas-Nicaragua, la Compañía de Jesús y la Orden Franciscana. También en 2023 se cancelaron cinco instituciones católicas de educación superior junto con la jesuita Universidad Centroamericana y tres universidades de otras confesiones cristianas. Según informes, en mayo de 2023 se congelaron las cuentas bancarias de todas las diócesis y parroquias católicas en aplicación de la legislación nicaragüense contra el blanqueo de capitales, así como las cuentas personales de algunos sacerdotes. Esta práctica está en consonancia con las conclusiones del primer informe del Grupo sobre el uso indebido de la legislación contra el blanqueo de capitales para perseguir a los opositores del Gobierno y restringir la existencia de la sociedad civil por motivos políticos.[6]
El Grupo ha confirmado que las violaciones documentadas hasta ahora contra miembros de la Iglesia Católica Romana y otras confesiones cristianas han acercado a las autoridades a su objetivo de eliminar el obstáculo de las voces cristianas críticas organizadas contra el Gobierno.
4. Miembros del movimiento campesino
En abril de 2018, el movimiento campesino se unió activamente a las protestas sociales lideradas por los estudiantes. Los líderes del movimiento pusieron al servicio de las protestas la experiencia de resistencia organizada que habían adquirido en luchas anteriores. La capacidad del movimiento para movilizar y organizar a la gente representaba una amenaza significativa para el control del Gobierno. El impulso del movimiento campesino se hizo especialmente evidente cuando, en 2018, se unió al diálogo nacional. Durante el diálogo, que duró un mes, los campesinos siguieron organizándose en todo el país y rechazaron la exigencia del Gobierno de levantar los bloqueos de carreteras que habían levantado.
El Grupo determinó que la policía y los grupos armados progubernamentales hicieron un uso excesivo de la fuerza, incluidas armas letales, para responder a las protestas de 2018 y desmantelar los bloqueos de carreteras levantados por los campesinos. El Grupo también determinó que los campesinos fueron objeto de vigilancia y hostigamiento sistemáticos por parte de miembros de estructuras de participación ciudadana (los llamados «Consejos de Poder Ciudadano»), grupos armados progubernamentales y la policía. A muchos también se les excluía arbitrariamente de cualquier oportunidad social, laboral o de estudio, y sufrían una discriminación constante en los procesos administrativos y en el acceso a la sanidad y a otros servicios públicos. Además, la policía y los grupos armados progubernamentales agredían regularmente a los campesinos y los amenazaban con la muerte, el encarcelamiento y la destrucción de sus propiedades para impedir que participaran en cualquier tipo de actividad de protesta contra el gobierno.
Una vez que el Gobierno terminó de sofocar las protestas, casi la mitad de los dirigentes nacionales del movimiento campesino fueron detenidos arbitrariamente, los demás dirigentes tuvieron que huir del país o pasar a la clandestinidad cortando todo vínculo con el movimiento, dejándolo decapitado. Además de sus dirigentes, muchos miembros del movimiento campesino han sido detenidos arbitrariamente. Muchos casos no fueron denunciados por motivos fundados de temor a represalias y desconfianza en la justicia. Una vez liberados, los campesinos fueron sometidos continuamente a hostigamiento, vigilancia, amenazas e intimidaciones por parte de la policía y de miembros de grupos armados progubernamentales, que también amenazaron a sus familias, impidiéndoles realizar sus actividades cotidianas, reuniones y desplazamientos.
Las autoridades instrumentalizaron el derecho penal para desmantelar cualquier esfuerzo de organización de la población campesina y reprimir cualquier crítica u oposición. El Grupo documentó los casos de 33 campesinos, 21 de ellos dirigentes y miembros del movimiento campesino, que fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a largos interrogatorios y a actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Veintitrés de ellos fueron condenados sin garantías procesales ni un juicio justo a penas de prisión por cargos infundados y desproporcionados relacionados con su activismo político, basados en leyes incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y/o en pruebas falsas.
Este ambiente coercitivo, el miedo generalizado y el encarcelamiento de líderes campesinos tuvieron un efecto disuasivo que resultó en el cese de todas las actividades de movilización y organización y obligó a gran parte de la población campesina que había participado en las protestas a replegarse a sus fincas, trasladarse a otras regiones del país o huir de Nicaragua. De los 85 campesinos entrevistados por el Grupo, 43 huyeron del país entre 2018 y 2020 (22 hombres y 21 mujeres) por motivos fundados de temor por su propia seguridad y la de sus familiares. Diecinueve (15 hombres y 4 mujeres) abandonaron el país tras la intensificación de la represión política en el contexto de las elecciones presidenciales de 2021. Dieciséis fueron expulsados a Estados Unidos inmediatamente después de salir de prisión y privados de su nacionalidad nicaragüense.
Las violaciones documentadas hasta ahora contra miembros del movimiento campesino han logrado suprimir a largo plazo cualquier voz campesina crítica organizada en Nicaragua. El Grupo ha recibido información sobre un número significativo de asesinatos, incluidas posibles ejecuciones extrajudiciales, de campesinos que podrían constituir un patrón de violación sistemática y generalizada de su derecho a la vida. Sin embargo, el Grupo no ha podido, por el momento, corroborar esta información. En la medida de los recursos disponibles, el Grupo seguirá investigando este asunto.