Violación sistemática de derechos civiles y políticos

La violación continuada y discriminatoria de dichos derechos, dirigida contra las personas opositoras, reales o percibidas, generó un clima persecutorio basado en la supresión del disenso en todas las esferas de la vida social y política. Miles de personas defensoras de derechos humanos, trabajadoras de ONGs, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, figuras religiosas, y artistas, así como los principales liderazgos nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron forzadas a abandonar el país.10 Prácticamente la totalidad de medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos ahora operan desde el exterior. Las personas que permanecen en Nicaragua se han visto obligadas a practicar la autocensura.

Algunas de las violaciones y abusos a los derechos humanos tuvieron claras dimensiones de género y generaron impactos diferenciados sobre hombres, mujeres y personas de la diversidad sexual. Se identificó también la victimización especial de algunas categorías de mujeres por motivos intersectantes: ser mujeres, feministas, lideresas, defensoras de derechos humanos y/o críticas del Gobierno. Familiares de víctimas, en su mayoría mujeres, fueron objeto de violaciones y abusos.

A partir de las protestas de abril de 2018, los ataques al pluralismo cívico y político en Nicaragua se aceleraron y agudizaron. A lo largo del periodo examinado, las autoridades provocaron el cierre total del espacio cívico y democrático, a través de la persecución de las personas y organizaciones que expresaron o sostuvieron posturas diferentes a la línea del Gobierno.

El GHREN investigó 102 casos de graves violaciones y abusos a los derechos civiles y políticos, e identificó los principales patrones, permitiendo constatar que el Gobierno respondió a las expresiones de descontento social con medidas represivas crecientemente articuladas. Dichas vulneraciones fueron cometidas como parte de un plan o política impulsada por las máximas autoridades del Estado para mantener el poder y suprimir cualquier forma de disenso.

El Grupo identificó a una variedad de actores e instituciones que participaron en la comisión de graves y sistemáticas vulneraciones de los derechos a la la libertad e integridad física; a no ser sometido a torturas y tratos crueles; a no ser privado arbitrariamente de la nacionalidad; a permanecer en el propio país; a la participación en la vida pública; a la educación y las libertades académicas; y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión pacífica, pensamiento, conciencia y religión, entre otras. El informe ampliado proporciona un análisis detallado de las afectaciones a dichos derechos y libertades.

La violación continuada y discriminatoria de dichos derechos, dirigida contra las personas opositoras, reales o percibidas, generó un clima persecutorio basado en la supresión del disenso en todas las esferas de la vida social y política. Miles de personas defensoras de derechos humanos, trabajadoras de ONGs, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, figuras religiosas, y artistas, así como los principales liderazgos nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron forzadas a abandonar el país. Prácticamente la totalidad de medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos ahora operan desde el exterior. Las personas que permanecen en Nicaragua se han visto obligadas a practicar la autocensura.

Algunas de las violaciones y abusos a los derechos humanos tuvieron claras dimensiones de género y generaron impactos diferenciados sobre hombres, mujeres y personas de la diversidad sexual. Se identificó también la victimización especial de algunas categorías de mujeres por motivos intersectantes: ser mujeres, feministas, lideresas, defensoras de derechos humanos y/o críticas del Gobierno. Familiares de víctimas, en su mayoría mujeres, fueron objeto de violaciones y abusos debido a sus actividades de reclamo de justicia. El cierre de organizaciones de mujeres, antecedido de campañas de estigmatización, ha generado retrocesos en el acceso de las mujeres a sus derechos.

¹⁰ Según ACNUR, hasta junio de 2022 más de 260.000 nicaragüenses se habían visto obligados a huir de su país. HCR/PC/NIC/2023/01, p. 32.

1 – Perfiles de las víctimas

Los patrones de abusos y violaciones de derechos humanos identificados por el GHREN se dirigieron contra un grupo heterogéneo de personas, liderazgos, organizaciones y entidades. Las personas fueron victimizadas en razón de su opción política opositora al Gobierno; sea dicha postura real o una percepción de las autoridades. Por consiguiente, el GHREN se refiere a violaciones y abusos cometidos en contra de “voces críticas” o de “personas opositoras o percibidas como tales”.

Durante e inmediatamente después de las protestas de 2018, las personas manifestantes, y en especial quienes habían asumido un rol de liderazgo en las protestas, fueron el principal objetivo de las vulneraciones de derechos humanos. Con el transcurso del tiempo, el perfil de las víctimas objeto de violaciones y abusos fue evolucionando y extendiéndose a un grupo más amplio de voces críticas, incluyendo personas defensoras de derechos humanos, estudiantes, feministas, organizaciones sociales, periodistas y empleados de medios de comunicación independientes, y miembros de partidos políticos.

Las mujeres y organizaciones de mujeres fueron un blanco específico de violaciones de derechos humanos, como represalia por sus importantes contribuciones a los movimientos de protesta y su rol de acompañamiento y asesoría a las víctimas y sus familiares, pero también por su postura crítica hacia el Gobierno desde épocas anteriores a 2018. También se constató un patrón de violaciones particularmente severo hacia las personas que participaron en la revolución sandinista, o que en algún momento de sus vidas fueron parte del FSLN.

El cierre del espacio cívico y democrático se agudizó en el contexto de las elecciones presidenciales de 2021, con la cancelación de tres partidos de oposición y la persecución penal de las principales figuras políticas de oposición, periodistas, y liderazgos sociales, empresariales, y locales.

A partir de 2022 y hasta la fecha de redacción de este informe, se observó la victimización de un grupo cada vez más extenso de personas por expresar posturas críticas, incluyendo en redes sociales, o por ser activas en organizaciones y movimientos sociales, incluyendo religiosos y miembros de la Iglesia Católica y familiares de personas opositoras o de víctimas de violaciones y abusos a los derechos humanos. La cancelación de la personalidad jurídica de cientos de organizaciones de la sociedad civil formó para de esta dinámica.

En febrero de 2023, las autoridades de Nicaragua privaron arbitrariamente de su nacionalidad a 316 personas de diversos perfiles acusándolas de ser “traidoras a la patria”, y expulsaron a 222 de ellas, en violación de su derecho a permanecer en su propio país. El común denominador a todas ellas es que fueron percibidas por el Gobierno como una amenaza a su control del Estado.

¹⁰ En violación del art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12 párr. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Véase CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, párrs. 20-21.

2 – Patrones

a) Detenciones violentas, sin orden de detención, incomunicados y sin garantías

Se violó también sistemáticamente el derecho constitucional de las personas detenidas a ser presentadas ante un juez en las 48 horas tras su detención. En todos los casos investigados por el GHREN, las víctimas fueron presentadas por primera vez ante una autoridad judicial, e informadas de las razones de su detención varios días, e incluso semanas, después de la misma.

El GHREN constató también un patrón consistente en el arresto y detención de las personas en régimen de incomunicación, y la negativa de las autoridades a proporcionar información a sus familiares o representantes legales sobre su paradero. Asimismo, el Grupo documentó cómo, autoridades judiciales, policiales y penitenciarias, entorpecieron o impidieron la ejecución de recursos de exhibición personal o habeas corpus a favor de las personas detenidas, negándoles su derecho a comparecer e impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal. En varios casos, estos hechos pueden calificarse técnicamente como desapariciones forzadas.

b) Instrumentalización del derecho penal

El Gobierno de Nicaragua instrumentalizó el derecho penal para perseguir a personas opositoras o percibidas como tales, y suprimir toda crítica u oposición. Se utilizaron acusaciones penales infundadas, desproporcionadas, basadas en leyes violatorias de los derechos humanos y/o en pruebas falsas, como instrumento de persecución política, y se privó a las personas acusadas de sus derechos al debido proceso y defensa, quedando totalmente indefensas frente a este tipo de acusaciones.

El Grupo investigó 44 casos de detenciones y procesos arbitrarios contra personas opositoras o percibidas como tales. Dichos casos no fueron actos aislados o aleatorios, sino parte de una política de Estado con reiteración de conductas, una evolución de la estrategia en el tiempo, y la intervención concertada de múltiples instituciones, incluyendo la Asamblea Nacional, la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Sistema Penitenciario y el Instituto de Medicina Legal. Las y los funcionarios recibieron instrucciones desde las más altas autoridades del Estado. A la fecha de cierre de este informe, 38 personas que se autoidentificaron como “presas políticas” continúan detenidas.

Adopción de leyes para restringir y criminalizar el ejercicio de libertades fundamentales

La Asamblea Nacional adoptó una serie de leyes que fueron utilizadas para cancelar organizaciones sin fines de lucro y partidos políticos, cerrar medios de comunicación, y criminalizar a personas opositoras, reales o percibidas. El informe ampliado ofrece un análisis detallado de estas leyes y su aplicación. La “Ley Contra el Lavado de Activos”, la “Ley de Ciberdelitos”, y la “Ley de Soberanía” fueron de particular relevancia para la instrumentalización del derecho penal.

Instrumentalización de la detención

En febrero de 2021, la Asamblea Nacional reformó el Código Procesal Penal, introduciendo la figura de “detención judicial” y permitiendo al Ministerio Público solicitar la ampliación del plazo entre detención y audiencia preliminar hasta 90 días “siempre que […] considere que […] requieren mayor tiempo para complementar información o elementos de prueba suficientes para sustentar y formular acusación” A partir de entonces, las autoridades judiciales autorizaron la detención judicial de manera sistemática a favor del Ministerio Público, dejando a las personas detenidas sujetas a la custodia prolongada de la Policía.

Los tribunales también hicieron uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva, imponiéndola de manera generalizada, sin tener en cuenta las circunstancias específicas de cada caso. Asimismo, aplicaron la figura de “tramitación compleja” sistemáticamente, duplicando la duración máxima del proceso judicial, y dilatando los procesos penales deliberadamente bajo un argumento de legalidad.

¹¹ Ley No. 1060, Ley de reforma y adición a la Ley No. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.

Instrumentalización de la acusación penal

Los perfiles de las víctimas y los cargos empleados para la instrumentalización del derecho penal evolucionaron en el tiempo. Durante las manifestaciones de 2018 se registraron detenciones masivas de personas manifestantes, liberadas sin cargos entre 24 y 48 horas después. Además, a partir de junio de 2018 se observó un patrón de criminalización selectiva de personas que asumieron un rol de liderazgo durante las manifestaciones, bajo acusaciones de entorpecimiento de servicios públicos (en relación con tranques y barricadas), y delitos graves como terrorismo; asociación para delinquir; crimen organizado; secuestro; y delitos relacionados con la portación o tenencia, tráfico, fabricación y uso de armas, entre otros.

En la primera mitad de 2019 se produjeron cientos de excarcelaciones en el marco de las labores de la Mesa de Negociación entre la Alianza Cívica y el Gobierno, y de la adopción de la Ley de Amnistía, que dejó sin efecto los cargos e investigaciones contra todas las personas involucradas “en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigor de la [..] Ley”. Sin embargo, a partir de julio del mismo año, dichas liberaciones fueron seguidas de nuevas detenciones y de recapturas de personas previamente encarceladas por su participación en las manifestaciones.

A partir del segundo semestre de 2019, y hasta abril de 2021, la fiscalía acusó a personas opositoras, reales o percibidas, de delitos comunes como tráfico de estupefacientes, tráfico y tenencia ilegal de armas, y robo agravado. Durante este periodo, se identificó también un fenómeno de “puerta giratoria” que continuó en el tiempo, por el que las autoridades detenían y liberaban a un número similar de personas, manteniendo así una estabilidad en las cifras de personas detenidas.

En 2021 la política de persecución se dirigió contra personas vinculadas a las elecciones presidenciales, que incluyeron a la precandidata y los seis precandidatos de oposición que habían anunciado su disposición a participar en las elecciones, muchos de los principales liderazgos políticos de oposición, personas activas en movimientos y partidos políticos, periodistas, y académicos.

Desde la segunda mitad de 2021, la mayoría de las detenciones fueron realizadas sobre la base de acusaciones por delitos de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías (Ley de Ciberdelitos) y/o de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional (Código Penal en conexión con la Ley de Soberanía). En varios casos, la pena fue acompañada de la inhabilitación absoluta para el desempeño de función, empleo y cargo público. Otros delitos imputados a las personas opositoras, reales o percibidas, incluyeron lavado de dinero, bienes o activos, falsedad ideológica, crimen organizado, y tráfico ilícito de armas.

A partir de agosto de 2022, la criminalización se dirigió contra otros perfiles de voces críticas, con la detención de 12 líderes religiosos e integrantes de la Iglesia Católica, un académico y al menos ocho familiares de personas opositoras o percibidas como tales, incluyendo familiares de víctimas de violaciones y abusos a los derechos humanos que habían reclamado justicia.

¹² Ley de Amnistía, art. 1.

Instrumentalización del proceso penal

Las acusaciones se basaron en leyes contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, en cargos infundados que no se correspondían con los hechos descritos, o fueron sustentados en pruebas falsas. En la mayoría de los expedientes analizados, no se estableció la participación de las personas acusadas de manera clara, específica y circunstanciada, sino que se observaron discrepancias notorias en relación con personas, lugares y tiempos de la perpetración de los hechos, y vacíos evidentes en los elementos de convicción. Además, las acusaciones se basaron en elementos de prueba poco rigurosos, que incluyeron documentación y pruebas manipuladas y testimonios de agentes de policía. Múltiples testigos relataron que policías plantaron armas o drogas en sus vehículos.

Frente a este tipo de acusaciones, los tribunales incumplieron de manera generalizada con el debido proceso y la igualdad de partes. En la mayoría de los casos analizados, los jueces y juezas aceptaron el conjunto de las pruebas presentadas por la fiscalía y descartaron sistemáticamente las pruebas de descargo, alegaciones y objeciones de la defensa, incluyendo en relación con irregularidades del proceso y la legalidad de los medios de prueba.

Las audiencias se realizaron a puerta cerrada, sin notificación previa, y en horarios y espacios inusuales, buscando evitar el escrutinio público e impedir la presencia del abogado o abogada de la elección de la persona acusada. En varios casos, esto favoreció la designación de un defensor o defensora pública de oficio durante la audiencia preliminar.

La falta de igualdad ante los tribunales también incluyó la falta de igualdad de medios procesales. En los casos en los que las abogadas y abogados escogidos por las personas acusadas lograron constituirse como defensores, realizaron sus labores en condiciones extremadamente limitantes. No tuvieron acceso a los expedientes completos ni pudieron visitar a sus clientes para conferir sobre el caso y preparar la defensa. Durante las audiencias, representantes y clientes no gozaron de privacidad en sus comunicaciones, ya que agentes de policía fotografiaron y grabaron sus conversaciones. Desde 2022, los tribunales tampoco entregaron copia de las sentencias, impidiendo a las y los defensores redactar escritos de apelación debidamente sustentados y argumentados.

De manera general, los equipos de defensa fueron sometidos a tratos vejatorios e intimidaciones por jueces, fiscales, y policías. También fueron objeto de represalias, incluyendo ataques, amenazas contra su vida y contra la de sus familiares, persecución penal, vigilancias, intimidaciones, campañas de desprestigio, e inhabilitación para ejercer la abogacía.

c) Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes

Durante el periodo examinado, agentes de policía y del Sistema Penitenciario e integrantes de grupos armados pro-gobierno cometieron actos de tortura física y psicológica, incluyendo violencia sexual y violencia de género, y otros tratos crueles, inhumanos, o degradantes, en el contexto de las aprehensiones, interrogatorios, y detención de personas opositoras, reales o percibidas.

Torturas físicas y sexuales en custodia policial

En varios casos, los actos de tortura y malos tratos se cometieron en presencia de altos rangos de la institución policial, quienes los incitaban o permitían. Las personas que asumieron roles de liderazgo o coordinación durante las protestas, las y los estudiantes más visibles, y las personas consideradas “traidoras” (exfuncionarias y antiguos miembros del FSLN) fueron sometidas a torturas y malos tratos particularmente graves.

Grupos pro-gobierno también detuvieron a personas en lugares de detención secretos, y las sometieron a torturas con el conocimiento y aquiescencia de las autoridades. Tras periodos que oscilaron entre horas y días, entregaron a las personas a la Policía con signos visibles de violencia.

Tortura y trato discriminatorio en el Sistema Penitenciario Nacional

Las personas opositoras o percibidas como tales que fueron trasladadas a centros del Sistema Penitenciario fueron sometidas a tratos discriminatorios y a condiciones de detención contrarias a los estándares internacionales, que constituyeron tratos inhumanos, crueles o degradantes y, en algunos casos, tortura.

Entre abril de 2018 y junio de 2019, la mayoría de los hombres detenidos fueron trasladados al complejo carcelario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo” y las mujeres al Centro Penitenciario Integral de Mujeres “La Esperanza”. En estos centros, las personas fueron recluidas en celdas o galerías separadas en condiciones de hacinamiento, y privadas de cualquier interacción con presos y presas comunes. A partir de julio de 2019, las personas detenidas por motivos políticos fueron recluidas en centros del Sistema Penitenciario en diversos lugares del país, incluyendo en La Modelo y La Esperanza.

Las personas detenidas en La Modelo y La Esperanza fueron sometidas a malos tratos y discriminación, como castigo por su opción política, real o percibida, incluyendo golpizas; amenazas; insultos; prohibición de comunicarse con otras personas detenidas; aislamiento en celdas de castigo; comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes; cortes de agua y luz en las celdas; y la negativa a entregar la paquetería con alimentos e insumos básicos que traían sus familias. El acceso a atención médica fue muy limitado, y se brindó en raras ocasiones o cuando la situación médica de la persona se había agravado.

Varios detenidos en La Modelo fueron sometidos a un régimen de aislamiento prolongado e indefinido en la sección de máxima seguridad, conocida como “La 300” y en celdas de castigo conocidas como “El Infernillo”. Los detenidos fueron ubicados en celdas segregadas, compartidas por dos presos, o en solitario. Las celdas tenían 3×2 metros cuadrados, estaban cerradas con puertas de metal, eran oscuras, insalubres, sin ventilación ni suficiente luz natural, y estaban expuestas a humedad, frío y calor extremo. Las celdas de El Infiernillo alcanzaban temperaturas de 40 grados y contaban con acceso limitado a agua. Las salidas de la celda fueron irregulares; algunas personas no pudieron abandonarlas para salir al patio sol o recibir visitas, ni comunicarse con sus familiares durante semanas o incluso meses. Algunos detenidos permanecieron en dicho régimen por más de dos años. A partir de 2020 se instalaron cámaras en cada celda, impidiendo cualquier momento de privacidad.

Tortura blanca y tratos crueles, inhumanos o degradantes en El Nuevo Chipote

De manera general, la atención médica fue inadecuada, insuficiente, e incluso negada, lo cual agravó la situación de las personas que sufrían enfermedades crónicas. En febrero de 2022, Hugo Torres, uno de los líderes emblemáticos de la revolución sandinista e integrante de UNAMOS, murió tras ocho meses de detención. Existen indicios de que las condiciones precarias y falta de atención médica aceleraron el deterioro de su salud. Hugo Torres tenía medidas cautelares de la CIDH desde agosto de 2021.

En El Nuevo Chipote, tras pasar entre unas semanas y varios meses en aislamiento, la mayoría de las personas detenidas fueron ubicadas en celdas compartidas por dos personas; sin embargo, no se les permitía hablar entre ellas. Se identificó un trato particularmente duro contra cuatro mujeres dirigentes políticas de UNAMOS, quienes fueron recluidas en celdas separadas durante la totalidad de su detención, esto es, más de 18 meses.

Las visitas familiares a las personas detenidas en El Nuevo Chipote se autorizaron de manera irregular, en intervalos de entre 45 y 75 días, y mediante notificación unas horas antes de la visita. Las víctimas y sus familiares no tuvieron posibilidad de comunicarse fuera de las visitas; la entrega de paquetería también fue obstaculizada. Esto generó mucha tensión y estrés a las víctimas. Al menos cuatro de las personas detenidas tuvieron prohibido todo contacto con sus hijos e hijas por periodos que oscilaron entre 15 y 18 meses.

La ausencia de regulación de la privación de la libertad prolongada en El Nuevo Chipote, un recinto policial que no es parte del Sistema Penitenciario, situó a las personas detenidas en una posición de vulnerabilidad e instauró un clima generalizado de inseguridad. Ante la falta de reglamentación, las autoridades ejercieron el control arbitrariamente, cambiando las normas constantemente, aplicando castigos y restringiendo los derechos de las personas detenidas a voluntad. Dicha situación, combinada con la arbitrariedad de los procesos penales y las dificultades para comunicarse con el mundo exterior y con sus familias, ocasionó una ansiedad extrema a las personas detenidas.

Castigo a través de familiares

Durante todo el periodo bajo examen, y en los diversos lugares de detención, las personas opositoras, reales o percibidas, fueron objeto de castigos y amenazas contra la vida e integridad de sus familiares. La tortura psicológica a menudo tuvo un componente de género, con insultos sexistas, y amenazas y culpabilización a las mujeres utilizando a sus hijos e hijas.

El uso de tratos crueles, inhumanos o degradantes se extendió también a familiares de las personas detenidas. Estos reportaron haber sufrido violencia física y/o psicológica por el personal de El Nuevo Chipote, La Modelo y La Esperanza; incluyendo tratos humillantes o degradantes, violencias sexuales y de género durante los registros, y amenazas de represalias contra sus familiares detenidos si denunciaban las condiciones de detención.

Violencia sexual como método de tortura

Agentes de la Policía y del Sistema Penitenciario y, en algunos casos, integrantes de grupos armados pro-gobierno, perpetraron diferentes formas de violencia sexual contra las personas detenidas. Muchos de estos actos constituyeron tortura, ya que su finalidad fue castigar a las personas detenidas, y quebrarlas física y psicológicamente para obtener información.

El uso de la violación y otras formas de torturas sexuales (como la aplicación de corrientes eléctricas, o patadas o golpes en los genitales) fue más frecuente entre abril y agosto de 2018 y se produjo generalmente en el marco de interrogatorios y de custodia policial en estaciones de policía y en la DAJ. La violación de hombres fue llevada a cabo en la mayoría de los casos mediante la penetración por objetos (tubos o armas de fuego), mientras que las mujeres fueron generalmente penetradas por el órgano sexual de los perpetradores, en algunos casos de manera repetida, durante varios días. La amenaza de violación también fue utilizada frecuentemente, particularmente contra mujeres, durante aprehensiones e interrogatorios, y se extendió también a familiares de las personas detenidas. Se reportaron casos de mujeres que sufrieron de abortos como consecuencia de los tratos recibidos durante su detención.

El Grupo también constató el uso de la desnudez forzada en muchos lugares de detención, clandestinos y oficiales, incluyendo en los registros, requisas, en las celdas, durante interrogatorios, o en los tribunales. Algunas personas fueron interrogadas y/o fotografiadas desnudas, y/o forzadas a permanecer desnudas durante varios días. Algunas formas de violencia sexual, como los tocamientos y la desnudez forzada durante registros, han sido dirigidas también contra familiares y abogadas de las personas detenidas.

Graves impactos sobre la salud física y mental

Las personas detenidas sufrieron graves secuelas físicas y psicológicas como resultado de la tortura y los malos tratos sufridos. Algunas de las secuelas documentadas incluyeron padecimientos crónicos como pérdida auditiva y visual, dolores de cuerpo, problemas respiratorios, gastrointestinales y dermatológicos, presión alta, estrés postraumático, insomnio, ataques de pánico, ansiedad, tendencias a la auto laceración y al suicidio, pesadillas, estrés, depresión, y dificultades para relacionarse con otras personas.

Impunidad

Las autoridades omitieron su deber de proteger a las personas contra riesgos de tortura y tratos crueles, inhumanos, o degradantes, y obstruyeron los procesos de rendición de cuentas de manera deliberada y sistemática. En su mayoría, las víctimas fueron presentadas por primera vez ante una autoridad judicial varios días, incluso semanas, después de su detención, con el fin de ocultar las marcas físicas de tortura. Además, las víctimas fueron impedidas de informar a su defensa al respecto, dado que no se permitieron espacios de reunión confidenciales. En algunos casos, los abogados y abogadas presentaron quejas por los evidentes signos de tortura y maltrato contra las personas detenidas; sin embargo, éstas fueron ignoradas por los juzgados y suprimidas de las actas de audiencias.

d) Cancelaciones de partidos, organizaciones, y cierres de medios de comunicación

Como parte de le estrategia de supresión de la disidencia, el Gobierno también canceló organizaciones y partidos políticos y cerró medios de comunicación de manera arbitraria, provocando el colapso del espacio asociativo y político, y afectando gravemente el derecho de la población a obtener información veraz.

El GHREN documentó la cancelación de más de 3.144 personalidades jurídicas de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales, desde diciembre de 2018 hasta la fecha de redacción de este informe; es decir, casi la mitad de las 7.227 registradas ante el Ministerio de Gobernación en 2017. Las cancelaciones se llevaron a cabo a través de decretos de la Asamblea Nacional o de resoluciones del Ministerio de Gobernación.

El GHREN concluyó que la cancelación de organizaciones de la sociedad civil por el Gobierno es arbitraria, y está dirigida a reconfigurar el espacio cívico y garantizar el monopolio del Estado de las actividades comunitarias, de desarrollo y asistencia social. Dichas acciones formaron parte de una estrategia para reforzar los vínculos de dependencia y la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a políticas clientelares.

La salida del país de organizaciones internacionales, y la cancelación y cierres de organizaciones de la sociedad civil nacionales, no solo violenta el derecho de asociación de las organizaciones afectadas, sino que tiene un impacto negativo sobre el goce de los derechos humanos por los y las nicaragüenses. Por ejemplo, más de 200 organizaciones de mujeres que fueron canceladas, jugaban un rol fundamental en la protección de la niñez, la atención de las mujeres víctimas de violencia y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. La cancelación de estas organizaciones ha dejado a las mujeres y niñas que atendían sin posibilidad de denunciar y buscar asistencia o protección.

La Ley No. 1070, adoptada en mayo de 2021, también restringió el derecho a la participación política, al incorporar las prohibiciones contenidas en la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Soberanía como causales de inhabilitación para la inscripción de candidaturas. Pocos días después de la aprobación de la ley, el Consejo Supremo Electoral emitió resoluciones cancelando la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática y del Partido Conservador; en agosto canceló el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), el vehículo elegido por la oposición para presentarse a las elecciones de forma unitaria. El GHREN analizó las resoluciones de cancelación y concluyó que las mismas presentaron errores de fondo y/o forma.

Como parte de la estrategia del Gobierno para silenciar a periodistas y medios de comunicación independientes, las autoridades cancelaron decenas de medios de comunicación. Además, se impusieron restricciones que imposibilitaron el trabajo de varios medios, incluyendo a través de la censura y del impedimento a la prensa privada de abastecerse de los materiales necesarios para la impresión de periódicos. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) jugó un rol instrumental en la censura y las cancelaciones de medios, a través de amenazas a sus directivas, la suspensión de emisiones, y el cierre de medios. El GHREN también documentó el allanamiento por la Policía y la confiscación de facto de los bienes, equipos, documentación e inmuebles, de tres de los medios de comunicación independientes más importantes del país: Confidencial, 100% Noticias y La Prensa.

¹³ El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, el Centro de Investigación de la Comunicación, Hagamos Democracia, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Popol Na, el Instituto de Liderazgos de la Segovia, y la Fundación del Río.

e) Estigmatización, acoso e intimidación

Altos cargos del Gobierno, representantes de instituciones públicas, medios oficialistas y usuarios en redes sociales, hicieron uso de una retórica incendiaria que estigmatizó e incitó al odio contra las personas opositoras, reales o percibidas. Los discursos descritos fueron parte de una estrategia comunicacional que incluyó la implementación de campañas de desinformación y estigmatización a través de redes sociales, espacios institucionales y medios de comunicación afines al Gobierno. Para ello se impartieron directivas a funcionarios y funcionarias y medios pro-gobierno sobre la información que debía difundirse y la manera en que debía articularse.

Durante las protestas de 2018, las autoridades desarrollaron un discurso de construcción del enemigo, adscribiendo la responsabilidad por los hechos de violencia a las personas opositoras o percibidas como tales, a quienes tildaron de “golpistas” y “traidoras”. Con el paso del tiempo, fueron expandiendo esta categoría para abarcar a un grupo cada vez más amplio de personas que fueron objeto de difamación, descalificativos, y graves acusaciones públicas por parte de las autoridades. Muchas personas también fueron objeto de campañas selectivas de difamación y acoso a través de redes sociales y medios de comunicación oficiales y progubernamentales. Teniendo en cuenta el contexto general de represión e impunidad frente a los ataques por parte del sector de población alineado con el Gobierno contra la población opositora, real o percibida, el GHREN considera que el discurso descrito puede constituir incitación a la violencia.

Las personas opositoras o percibidas como tales fueron objeto de intimidaciones, amenazas, vigilancias y agresiones por policías, integrantes de grupos pro-gobierno y estructuras locales afines al FSLN –Consejos del Poder Ciudadano, Unidades de Victorias Electorales y Juventudes Sandinistas, entre otras. Los Comités de Liderazgo Sandinistas y los sindicatos mantuvieron una vigilancia constante de las actividades de las personas empleadas por el Estado.

El GHREN documentó más de 100 casos de personas opositoras o percibidas como tales, incluyendo a periodistas, feministas, líderes religiosos, estudiantes, artistas, integrantes de partidos, movimientos políticos y organizaciones de la sociedad civil, abogados y abogadas, y familiares de víctimas de violaciones y abusos a los derechos humanos, que fueron sometidas a intimidación y acoso por la Policía, grupos pro-gobierno y estructuras locales del FSLN.

La criminalización, estigmatización, amenazas y acoso constante a las personas opositoras, implicó que no sólo no pudieron participar libremente en la vida social y política del país, sino que no pudieron desarrollar su vida de manera normal. Personas entrevistadas por el GHREN, expresaron que sentían miedo de salir de su hogar y, ante el temor a represalias, algunas personas se vieron forzadas a cambiar varias veces de residencia. Muchas tuvieron que abandonar el país.

Los patrones de hostigamiento fueron particularmente severos en el caso de las personas excarceladas, quienes fueron objeto de vigilancias permanentes, ataques, amenazas, pérdida de empleo y pérdida de acceso a estudios superiores. Todo ello les impidió reconstruir su proyecto de vida y tuvo graves impactos sobre su vida familiar.

Estas agresiones también fueron dirigidas contra personas asociadas a personas opositoras. Así, familiares de víctimas de violaciones y abusos, y las organizaciones que los acompañaron, fueron un blanco específico de ataques. Esto afectó de manera desproporcionada a las mujeres, que a menudo lideraron la reivindicación del derecho a la justicia. De igual manera, los abogados y abogadas de personas detenidas por motivos políticos fueron objeto de represalias.

f) Privación arbitraria de la nacionalidad y violación del derecho a permanecer en el propio país

El 9 de febrero, el Gobierno de Nicaragua expulsó a 222 personas presas por motivos políticos, que volaron hacia Estados Unidos en virtud de una orden de deportación expedida por el Tribunal de Apelaciones de Managua, que las declaró traidoras a la patria. Paralelamente, la Asamblea Nacional adoptó por la vía del trámite de urgencia una reforma constitucional y legislación específica para privar de su nacionalidad a las personas declaradas traidoras a la patria.

En una alocución pública, el Presidente Daniel Ortega describió la salida de las personas como un “destierro”. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional confirmó que las diferentes instituciones y poderes del Estado trabajaron sincronizadamente bajo una misma orden para deportar y privar a las personas de su nacionalidad.

El 15 de febrero de 2023, el mismo tribunal declaró a otras 94 personas, residentes en Nicaragua y en el exterior, traidoras a la patria y resolvió imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar el decomiso de su patrimonio a favor del Estado. El decomiso se ejecutó de manera inmediata. Dicha orden fue emitida sin la celebración de ningún proceso que permitiese a las personas ejercer su derecho de defensa.