Responsabilidad
El GHREN concluyó, con motivos razonables, que desde abril de 2018, una variedad de actores e instituciones del Estado, siguiendo órdenes emitidas desde la Presidencia y Vicepresidencia, participaron en la comisión de crímenes y graves violaciones y abusos a los derechos humanos, como parte de una política discriminatoria para perseguir y silenciar sistemáticamente a toda persona y desarticular a toda organización cívica o política que mantenga posturas diferentes a la del Gobierno, o que sea percibida como crítica o adversaria del mismo.
El GHREN determinó que la Policía y grupos armados pro-gobierno cometieron ejecuciones extrajudiciales en el marco de la represión de las protestas, actuando en la mayoría de los casos de manera conjunta y coordinada. Los grupos actuaron siguiendo instrucciones de autoridades del Estado a nivel nacional y local, y/o de líderes territoriales del partido de Gobierno. El GHREN también documentó el papel que jugó el Ministerio de Salud durante las protestas, mediante la denegación de atención a las personas heridas. El nivel de participación del Ejército de Nicaragua en los actos de represión de la protesta social merece una investigación adicional.
El GHREN determinó que el sistema de justicia se convirtió en un engranaje estructurado y organizado para detener, de manera concertada y sistemática, a personas opositoras, reales o percibidas, y acusarlas, enjuiciarlas y ejecutar las sentencias en su contra, con base en procesos con evidencia producida ad hoc o normativa interpretada y/o diseñada por la Asamblea Nacional como medios instrumentales para ejecutar instrucciones de la Presidencia de la República.
El GHREN documentó cómo diversas instituciones del Gobierno, incluyendo la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, participaron de manera articulada en la comisión de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. El GHREN también documentó la participación de agentes del Sistema Penitenciario Nacional y de la Policía en la comisión de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo actos de violencia sexual y violencia basada en género, en contra de las personas opositoras.
Las violaciones, abusos y crímenes investigados por el GHREN y descritos en el presente informe dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a responsabilidad penal individual, ya sea bajo el derecho internacional penal, o de conformidad con los tipos penales en la legislación nicaragüense o de terceros países.
A. Responsabilidad del Estado
El Estado de Nicaragua, como principal titular de las obligaciones adquiridas en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es responsable por las violaciones a dichas obligaciones, cometidas a través de los actos y omisiones que le son atribuibles, documentados en el presente informe. Son hechos atribuibles al Estado de Nicaragua los cometidos por los Poderes del Estado y otras autoridades públicas, tanto a nivel nacional, regional o local, así como por personas o grupos no estatales actuando por instrucciones o bajo la dirección o control efectivo del Estado, o con el consentimiento o la aquiescencia de éste.
El Estado de Nicaragua ha incumplido su obligación de impedir las violaciones, abusos y crímenes documentados en este informe, y de garantizar recursos accesibles y eficaces a las víctimas cuando éstos se hayan cometido. El Estado también ha incumplido su obligación de investigar dichas violaciones, abusos y crímenes, y de sancionar a las y los responsables.
B. Responsabilidad individual
El GHREN tiene motivos razonables para creer que funcionarios y autoridades de todos los Poderes del Estado y a todos los niveles participaron en conductas violatorias de los derechos humanos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, deportación forzosa, y persecución por motivos políticos.
El GHREN no ha realizado determinaciones en cuanto a la responsabilidad penal individual en que pueden haber incurrido funcionarias, funcionarios, exfuncionarias y exfuncionarios de las agencias e instituciones del Estado mencionadas a lo largo del informe. Sin embargo, el GHREN ha registrado en su base de datos los nombres de las personas identificadas por las víctimas como responsables directos de las violaciones, abusos y crímenes documentados. El Grupo también ha identificado a individuos cuyas contribuciones dentro del engranaje del Estado podrían generar responsabilidad penal individual tanto a nivel internacional como nacional.
Durante el periodo analizado, las altas autoridades ejercieron su control sobre las agencias y dependencias del Estado identificadas en el informe como responsables de violaciones a los derechos humanos. Entre ellas se encuentran: la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio de Salud, la Asamblea Nacional, y el Ministerio de Gobernación. Los autores directos de los delitos documentados, incluyendo policías, miembros de grupos armados pro-gobierno, jueces, fiscales, y funcionarios y funcionarias del Sistema Penitenciario, entre otros, son responsables de sus actos. También son responsables de su conducta delictiva sus supervisores inmediatos y otras personas arriba de la cadena de mando.
El GHREN tiene motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel de la estructura del Estado, incluyendo al Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo, así como altos mandos de las Jefaturas de la Policía Nacional, participaron en la realización de los delitos documentados en el informe. Además, que los superiores y jefes de la Policía y del Sistema Penitenciario sabían o debían haber sabido de los crímenes y violaciones cometidos por sus subordinados, y no adoptaron medidas preventivas y sancionadoras, a pesar de tener la capacidad efectiva de hacerlo.
El GHREN necesita realizar investigaciones adicionales para llegar a conclusiones específicas sobre responsabilidades individuales de los perpetradores, y para profundizar en la investigación de las estructuras de mando responsables por las violaciones, abusos y crímenes, y los vínculos de autores directos con otras personas en estas estructuras.